Una señal de alerta se encendió entre analistas del mercado por el tratamiento de un proyecto para sancionar una nueva ley de movilidad jubilatoria que garantice como piso el 82% del salario.
La iniciativa tiene como disparador el Senado dado que hoy está previsto que se reúna la Comisión de Trabajo y Previsión Social para discutirla.
Quien preside esa comisión es el radical Alfredo Martínez y cuenta con el aval de toda la oposición. También hoy está previsto que Diputados trate esta delicada cuestión para las arcas fiscales dado que en comisión se debatirá la redacción de un dictamen unificado de los diferentes proyectos.
Contramano
En momentos en que los principales países del mundo están imponiendo drásticas medidas de ahorro para alejar temores de default, una iniciativa de esta naturaleza va claramente a contramano especialmente cuando la Argentina, más allá del canje de la deuda, tiene aún un riesgo-país de 780 puntos.
Pero además conviene tomar en consideración algunos indicadores hoy del sistema previsional. Son los siguientes:
El aporte efectivo al Sistema por Aporte y Contribuciones hoy es del 24,5%. Los sistemas históricamente eran neutros, pero ahora se financian además con impuestos específicos. Significa ese 24,5% que para financiar el 82% móvil habría que triplicar el aporte efectivo.
La tasa de sustitución del salario hoy es del 50,6%. Es la segunda más alta de toda América Latina.
La relación entre aportantes y beneficios SIPA (Sistema Previsional Argentino) es de 1,52 trabajador por cada jubilado.
La oposición apunta a que el proyecto reemplace la recientemente sancionada ley de movilidad en octubre de 2008. Esa norma surgió tras la exigencia de la Corte Suprema de que los haberes jubilatorios mantuvieran una movilidad en relación con los ingresos de los trabajadores. La última ley entonces fijó la actualización dos veces al año en proporción a la evolución de salarios.
Aún no hay acuerdo en la oposición entre los factores por tomar para ajustar los haberes previsionales. Se estima que podría tomarse como indicadores nuevamente los salarios del INDEC o la evolución de los ingresos de los estatales. Lo que está claro es que no se han efectuado cálculos entre los legisladores opositores sobre el impacto en las cuentas públicas de la iniciativa. Pareciera que más se mira el impacto en las intenciones de voto, sin tomar en cuenta el daño simultáneo que se le puede asestar a la economía.
Hay que tener en cuenta que las decisiones de inversión se toman en el país históricamente en función de divariables, pero una de ellas -y con gran influenciaes la salud de las cuentas públicas.
Paradójicamente, la iniciativa podría ser un búmeran para la oposición dado que en caso de ser gobierno a partir de diciembre de 2011, deberán efectuar malabares fiscales para poder cumplir con la iniciativa que desde hoy se trata.
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